La acusación es contra Rafael de la Cruz Valdez, actual presidente nacional del CBVP -Amarillo, y otras personas por supuesta falsificación de datos, desvíos de fondos, producción de documentos no auténticos y otros delitos resultantes.
Son 14 años los que lleva Rafael de la Cruz Valdez dentro del directorio del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay -Amarillo. Pero él no está solo en la organización, lo acompaña su familia, conocida como la “Dinastía Valdez”, de acuerdo a la veintena de mensajes de bomberos de todos los rincones del país que llegaron hasta el número de denuncia de LN Investiga tras la serie de publicaciones a partir del lunes.
Sobre Valdez recae la denuncia formal presentada por Domingo Álvarez Agüero, en representación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Minga Guazú (CBVMG) en su calidad de presidente, ante el Ministerio Público en Ciudad del Este, específicamente por falsificación de datos, desvíos de fondos, producción de documentos no auténticos y otros delitos resultantes. También sobre la señora Mónica Rousillón Fernández, notaria y escribana pública, con domicilio en Asunción, y otras personas que resultaren responsables de los hechos punibles denunciados.
De acuerdo al escrito, en fecha 27 de marzo del 2015, Rafael Valdez se presentó como propietario de un inmueble adjudicado al CBVMG por la Municipalidad del mismo distrito, solicitando la adjudicación y titulación a su favor, con aprobación de Plano del Terreno y el respectivo Informe Pericial, pese a que el mismo no pertenece a la institución beneficiaria, ni mucho menos es una autoridad del mismo.
A pesar de ello, Valdez logró la aprobación del Plano e Informe Pericial, por lo que recurrió a la notaria y escribana Rousillón para realizar las gestiones de transferencia del inmueble, en abierto perjuicio del CBVMG. La profesional consiguió que el Servicio Nacional de Catastro registre e inscriba como propietario al CBVP -Amarillo, pretendiendo con ello apropiarse en forma ilegal y dolosamente de la propiedad, según la acusación.
Los denunciantes refieren que Valdez logró su cometido utilizando argumentos falaces y falsedades en contra de las autoridades del CBVPMG, diciendo de ellos que eran “autodenominados”, que “fueron expulsados” y que “no estaban afederados a ninguna entidad bomberil reconocida”; conforme las denuncias recepcionadas por el equipo de LN Investiga, el desprestigio y la amenaza de baja es una constante a aquellos bomberos que se animan a pedir informes sobre la administración o que intentar denunciar o hacer pública cualquier situación en el directorio del CBVP -Amarillo.
En el afán de obtener más móviles, capacitación y equipos, el CBVMG se asoció al CBVP -Amarillo en el 2008; sin embargo, nunca recibieron nada, ni botas, jardineras, cotonas, herramientas, no se adquirió ningún móvil y tampoco se realizó ninguna mejora edilicia. Por esta razón, en el 2014, cuando asumen las nuevas autoridades, solicitan al Directorio Nacional del CBVP la rendición de cuentas del dinero que era destinado al cuartel del CBVMG; pero, lejos de atender el pedido, los hoy denunciados inician una persecución contra quienes osaban a cuestionar sus actos, con suspensiones, intervenciones y expulsiones arbitrarias conforme los denunciantes; situación “muy familiar” a la mencionada en el párrafo anterior.
Así fue que durante la asamblea general realizada en marzo del 2014, el CBVMG decide unánimemente dejar sin efecto la sociedad entre ambos cuerpos, hecho que habría motivado la ira de los directivos del CBVP, que iniciaron juicios penales y civiles contra su ex socio, a fin de quedarse con los móviles, equipos y terreno sede del cuartel de Minga Guazú.
En mayo del 2015, a raíz de una denuncia realizada por el CBVMG ante la Cámara de Diputados, se solicitó al CBVP la Rendición de Cuentas del dinero destinado al cuartel de Minga Guazú; el CBVP contestó en una sola nota “declarando falsamente que hemos recibido la suma de G. 554.587.652 desde el año 2008 hasta 2015, sin ningún otro detalle de como se hizo la transferencia, quien recibió, y el respaldo documental como exige la Ley”, refieren los afectados.
Por esta razón, el CBVMG solicita al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y todos los entes de control para que “investiguen y sancionen a todos los responsables falsear datos, desvíos de fondos, producción de documentos no auténticos y otros delitos resultantes”; además de solidarizarse con Gabriel Taddey, ex síndico del CBVP- Amarillo, “dado de baja luego de realizar la denuncia contra el Directorio Nacional ante el Ministerio Público y con los otros camaradas que llevan adelante las denuncias contra la casta corrupta que gobierna el CBVP”.
Hoy, el CBVMG recuperó su autonomía, se identifica con las siglas K4 y uniforme rojo, posee actualmente 5 móviles adquiridos con su propio esfuerzo y tiene más de 140 voluntarios que ofrecen de manera gratuita sus servicios. No recibe aportes del Estado, ni del municipio de Minga Guazú; tampoco recibe aportes distribuidos al Cuerpo de Bomberos del Paraguay (CBVP-Amarillos) ni de la Junta Nacional de Bomberos Voluntarios del Paraguay (JNCBVP- Azules). La institución se sustenta con el aporte mensual de los socios protectores y las colectas que se realiza periódicamente.
fuente: ww.lanacion.com.py
