Chubut.- La Justicia Federal de Rawson procesó por desvío de fondos a dos extitulares de la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios del Chubut. Se trata de Aristóbulo Villegas y Segundo Omar Ceballos, que fueron presidente y vice de la entidad respectivamente.
El juez Guillermo Lleral consideró que en 2010 y 2011 recibieron 305.463,11 pesos por subsidios del Ministerio del Interior de la Nación, que nunca rindieron en tiempo y forma ni supieron explicar en qué se gastaron.
Según el auto de procesamiento, Ceballos y Villegas “habrían participado del uso irregular de los fondos asignados”. Mediante Resolución 201/10 cobraron $ 135.830,70 para equipamiento. De esa plata no rindieron 42.830 pesos. Por la Resolución 1758/10 embolsaron $ 6.889,90 para funcionamiento; $ 13.907,09 para capacitación y otros $ 15.748,34 para equipamiento. Tampoco justificaron el destino de ninguno de los tres tramos.
Y por Resolución 266/11, el Ministerio del Interior les otorgó $ 22.318, 91 para funcionamiento; $ 75.652,67 para capacitación; $ 39.058,10 para capacitación y $ 89.058,10 para equipamiento. Estas sumas no están rendidas.
El detalle del debe lo aportó la Dirección de Control de Bomberos y Coordinación de ONG´s del Ministerio de Interior y Transporte.
“Habrían participado de la indebida desviación del dinero del subsidio, empleándolo en destinos distintos del establecido por el Ministerio, provocando perjuicio económico y patrimonial al Estado nacional”, escribió el magistrado.
La denuncia original fue del expresidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn, Gastón Alcucero, “ante las irregularidades que advirtiera por parte de la gestión anterior”.
En cuanto al equipamiento que debieron comprar, en los papeles aportados por Ceballos y Villegas “no se identifican ni cuantifican el subsidio a invertir”. Tampoco convocaron a las asociaciones para que “soliciten la necesidad fundada de equipos y los parámetros para decidir las prioridades de adjudicación a las peticionantes”. No se sabe si hubo compras directas, concurso de precios u otros métodos. “Es más: ni siquiera se halló documentación para poder realizar una rendición”.
“No se pudo encontrar documentación referente a las rendiciones efectuadas al Sistema Nacional como de documentación administrativa, en particular de las asociaciones: nómina de integrantes, equipamientos, asambleas, balances, etcétera”.
Sobre los gastos en capacitación, los recursos los invirtió el expresidente Villegas en forma directa. Lo hizo así ya que, según justificó el imputado, había “inercia de la Dirección de Capacitación Provincial”. Sin embargo “no pudo documentar debidamente, desproporción que se aprecia entre los recursos recibidos desde 2011 con los que dicen haber recepcionado la mencionada Dirección y las cuatro regionales”.
Según el procesamiento se halló “toda una papelería” de facturas, tickets y comprobantes de víveres, pasajes y combustible que no están respaldados por informes que indiquen tipología, lugar y fecha, instructor y nómina de asistentes a los presuntos cursos.
Según Villegas, se organizó un “supuesto” curso de dirigentes que costo más de cien mil pesos. Pero no aportó respaldo en documentación alguna acerca de fecha, lugar, instructores, dirigentes que asistieron y viáticos designados.
En cuanto a los subsidios que aportó Interior para funcionamiento, “no se logró determinar el objeto de los gastos en tal concepto pues las facturas y tickets carecen de un debido informe explicativo que los acompañe”. Las actas no explican los motivos de las giras ni los cuarteles visitados “y surgen en términos de resultado como excesivos”. En este sentido “se ignora el porqué del gasto del que ilustran, a la vez que terminan siendo exorbitantes”.
Lleral razonó que ambos imputados eran las máximas autoridades de la Junta Directiva de la Federación y representaban ante terceros a la entidad.
Al declarar, el extesorero de la entidad, Ricardo Valdebenito, afirmo que ambos, junto al protesorero, le pidieron la renuncia cuando les cuestionó la validez de los comprobantes que presentaban para rendir gastos, “ya fuera por ser superfluos o mal empleados”. Villegas le insistía para que le entregara a él la documentación “bajo el imperativo de que era quien debía detentarla”.
“Esto guarda estricta correspondencia con la particular actuación directa del presidente en la inversión de recursos, que justificó en la inercia de la Dirección de Capacitación Provincial, donde se aprecia una notable diferencia entre los recursos recibidos desde 2011 y los que dicen haber recibido la Dirección y las cuatro regionales”. Un detalle que reveló el juez federal es que “más de un ticket y comprobantes” sin la información que los justificara correspondían a un comercio propiedad de Ceballos.
“Dicho perjuicio resulta consecuencia de una administración infiel, es decir de contravenir los deberes que se tienen para la entidad a la que se representa y por cuyos intereses hay que velar”.
Ceballos es de Corcovado y Villegas, de Gaiman. Fueron procesados sin prisión preventiva por fraude a la administración pública. Cada uno fue embargado en 200 mil pesos.#
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