Treinta y un vehículos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), entre grúas y cisternas, permanecieron parados por falta de combustible. La situación, que fue denunciada por el comandante general Andrés Ángeles Bachet, se extendió desde el pasado 1 de agosto hasta la madrugada de ayer.
Más de la mitad de estos carros correspondían a las compañías de Lima sur. De hecho, 18 de las 57 unidades con las que cuenta esta zona estaban inoperativas por falta de gasolina o diésel. Solo en la estación Punta Negra 125 había tres bombas inutilizables.
A este problema habría que agregarle que de los 414 vehículos que atienden las emergencias de Lima y Callao, 150 ya estaban parados por mantenimiento. En esos dos días críticos, los bomberos de la capital atendieron unas 350 emergencias.
La Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP), entidad adscrita al Ministerio del Interior, explicó que el desabastecimiento se produjo por falta de postores en los procesos de licitación para la compra de gasolina y diésel.
La Defensoría del Pueblo, institución que intervino ante la crisis, explicó que, mientras se subsanaba la situación, tuvo que disponerse el uso de la caja chica de los bomberos para comprar combustible. Posteriormente, la intendencia autorizó una licitación pública de emergencia.
La INBP explicó que, para garantizar la provisión de combustible a todas las unidades móviles de los bomberos, se recurrió a la figura legal de la contratación por desabastecimiento, por un plazo de 90 días.
“[Esto se aplicará] en tanto culmine el proceso de selección que quedó desierto”, informó la intendencia en un comunicado.
Alberto Huerta, jefe de la oficina de Lima de la Defensoría del Pueblo, se reunió el 2 de agosto con el intendente Peter Gonzales para pedirle que se aclaren las razones por las cuales se declaró desierto, en dos oportunidades, ese proceso de selección.
—Cuestionamientos—
A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo ha mostrado su preocupación por el gasto “deficiente” del presupuesto anual del CGBVP. De acuerdo con el portal web del Ministerio de Economía y Finanzas, la intendencia solo ha ejecutado el 20% de la partida anual, que en el 2018 es de S/100’124.814.
Como ya lo denunció este Diario en la edición del 20 de julio pasado, de ese 20% ejecutado, más del 80% se ha destinado a asuntos administrativos: pago de personal, acciones de control, auditorías y asesoramiento técnico.
Se ha gastado más en esto que en el mantenimiento y reparación de las unidades de emergencia, y la refacción de los locales. En esto no se han invertido más de S/4 millones.
“Esta situación se refleja en el desabastecimiento de combustible para sus unidades y en el hecho de que sus miembros carecen de indumentaria adecuada, que les permita encarar los siniestros que suelen ocurrir en nuestro medio”, señaló la defensoría.
Algunas compañías se han visto obligadas a realizar actividades pro fondos para conseguir implementos. Por ejemplo, el 14 de julio de este año, el comité de damas de la compañía Salvadora 10, del Jirón de la Unión, organizó una pollada.
Necesitaban recaudar fondos para traer una donación de equipos de protección respiratoria de Estados Unidos.
Fuente y foto: elcomercio.pe
