Misiones.- El jefe de los bomberos voluntarios desplazado hace unas semanas del cuartel del barrio Itaembé Miní de Posadas, Miguel Ángel Yuszczeczyn, podría terminar tras las rejas por una condena a 8 años de prisión que recibió en 2015, y que nunca cumplió.
A pesar del pedido expreso del fiscal federal Carlos Schaefer, que investigó la causa, para que él y otras tres personas paguen la pena con prisión efectiva luego de la sentencia, el bombero estuvo solamente cinco días preso luego de ser atrapado en la localidad correntina de Mercedes, en abril de 2013, traficando marihuana y éxtasis en una ambulancia de los bomberos voluntarios que salió de la ciudad de Puerto Iguazú.
Hoy, en 2020, el nombre de Miguel Ángel Yuszczeczyn vuelve aparecer en las noticias, esta vez por un conflicto en el cuartel de bomberos voluntarios del populoso barrio del sur de la capital misionera, donde denuncias cruzadas entre la comisión directiva y el hoy ex jefe desnudaron un desmanejo de tal magnitud que los deja al borde de la intervención.
Una investigación de La Voz de Misiones permitió descubrir lo que, hasta ahora, parece un error de la Justicia Federal que dejó en libertad a un condenado.
La narcoambulancia
Yuszczeczyn fue detenido en Mercedes, provincia de Corrientes, el 29 de abril de 2013 viajando desde Puerto Iguazú, Misiones, hacia la localidad de Unquillo, en Córdoba, a donde supuestamente iría a realizar un curso de perfeccionamiento en su formación como bombero.
Pero ese viaje tenía un doble fondo. Según logró establecer el fiscal Schaefer durante el juicio realizado en junio de 2015, Yuszczeczyn formaba parte de una banda que se organizó para hacer el traslado de poco más de 241 kilos de marihuana y 20 bolsas con 3.973 pastillas de éxtasis escondidas en una vieja ambulancia.
Ramón Moretti era el chofer del rodado Ford F350 con características similares a las de los bomberos, con la leyenda “Unidad de Rescate” y balizas en el techo. Él fue jefe del cuerpo bomberil de Iguazú desde febrero de 2009 hasta que lo apartaron del cargo en marzo de 2012 por una intervención dispuesta por el Ejecutivo Municipal “por irregularidades”.
En el largo trayecto de 1.440 kilómetros a las sierras cordobesas, Moretti tenía como uno de sus acompañantes a Elvio Batista Melo, otro ex bombero voluntario de la Ciudad de las Cataratas, que fue dado de baja por la Asociación en septiembre de 2012.
En el relato de los hechos que se describe en la sentencia, se estableció que, en medio de los dos hombres, viajaba sobre un asiento improvisado en una conservadora, Mabel Adriana Lorena Bogado, esposa del chofer de la ambulancia, que fue absuelta por el Tribunal Oral Federal de Corrientes, pero que deberá ir a un nuevo juicio luego de la revocación de su absolución dictaminada por la Cámara de Casación.
El cuarto integrante de la comitiva que se trasladaba a Córdoba era Yuszczeczyn, quien viajó en la parte trasera del vehículo y alternaba la camilla con Bogado, cuando la mujer se cansaba de su rústico asiento.
En horas del mediodía del lunes 29 de abril de 2013, la ambulancia cargada con drogas se detuvo en el kilómetro 102 de la ruta nacional 123, frente al Santuario del Gauchito Gil. Allí Moretti, su esposa y Batista Melo ingresaron al templo del santo popular del que son devotos y, junto a la camioneta encendida, se quedó Yuszczeczyn.
Las luces de balizas sobre el techo también quedaron encendidas, como si estuvieran en un traslado de emergencia. Ese detalle llamó la atención de una patrulla del Grupo Vial Mercedes de Gendarmería Nacional, que pasaba por el lugar en una ronda de rutina.
Según la declaración de uno de los gendarmes durante el juicio, cuando se acercaron hasta la ambulancia, los recibió Yuszczeczyn, “que desmostró nerviosismo y se identificó como bombero de Puerto Iguazú”. En ese momento, le pidieron los papeles de la camioneta y les dijo que el chofer se los iba a mostrar, que en breve saldría del santuario.
Moretti, Bogado y Batista Melo salieron de lugar de adoración y se acercaron hasta el vehículo. El chofer se mostró colaborativo e inmediatamente abrió la puerta del rodado en busca de los documentos requeridos. “Cuando abrió la puerta se sintió muchísimo olor”, declaró el gendarme.
Entonces llamaron a un can detector de narcóticos que “marcó” la camioneta y procedieron a una revisión a fondo que terminó con el decomiso de la droga y la detención de los cuatro misioneros.
Sin cadenas
Moretti le dijo a la Justicia que él era el único responsable. Relató que, un día antes de emprender el viaje, le dio la camioneta a unos árabes que tienen negocios en Ciudad del Este y confesó además que cobró 1.000 dólares por llevarla cargada con electrónicos hasta Córdoba.
Según el bombero expulsado de la Federación, “estaba convencido que transportaba electrónica de contrabando y no drogas”.
Si bien todos fueron detenidos luego del operativo, Ramón Aníbal Moretti fue el único que llegó en esa condición al juicio celebrado en junio de 2015; Bogado, Batista Melo y Yuszczeczyn, no.
Luego de ser procesados, los tres salieron libres cuando se les otorgó las excarcelaciones tras pagar una fianza de 13.000 pesos. Además, hasta la llegada del juicio, tuvieron que dejar sus documentos en el juzgado y se les interpuso una prohibición para salir del país y la obligación de presentarse una vez al mes ante el Juzgado Federal de Eldorado.
Los jueces del Tribunal Oral Federal de Corrientes apoyaron casi por completo el trabajo de fiscal Carlos Schaefer, quien estableció que los tres hombres y la mujer formaban parte de una organización previa para realizar el viaje y el tráfico de drogas. Finalmente, condenaron a los tres varones a 8 años de cárcel y absolvieron a la mujer.
Un año más tarde, en septiembre de 2016, la Cámara de Casación revocó la absolución de la mujer apoyando el pedido del fiscal y ordenó que se realice un nuevo juicio, para el cual aún se espera la conformación de un jurado.
En la misma diligencia, el tribunal superior ratificó las condenas a Moretti, Batista Mello y Yuszczeczyn.
Entonces, el mecanismo judicial federal correntino debió establecer lo que se denomina Cómputo de Pena, quedando automáticamente revocadas las excarcelaciones que mantuvieron en libertad hasta hoy Elbio Batista Mello y Miguel Ángel Yuszczeczyn.
En el Centro de Información Judicial, donde se hacen públicos los documentos sobre sentencias y procesos judiciales, no se conoce el instrumento por el cual Batista Mello y Yuszczeczyn se mantienen en libertad. O no están cargados en el sistema o hubo una omisión que terminaría en escándalo en el seno de la Justicia Federal correntina.
Las fuentes judiciales consultadas por LVM indicaron que hay un fuerte indicio de que se trate de un error en el sistema de justicia el que permitió que estos dos condenados nunca hayan pisado la cárcel luego de la sentencia.
Este medio se comunicó con el defensor de ambos, Jorge Barboza, quien prefirió mantener el silencio sobre la situación judicial de sus representados, con quienes -aseguró- no mantiene contacto alguno luego de la respuesta de Casación en septiembre de 2016.
De los cuatro misioneros detenidos con la droga, solamente Moretti pagó con prisión, desde que lo atraparon en 2013 hasta que obtuvo la libertad condicional en agosto de 2018, tras pasar 4 años y 5 meses en las sombras.
Cuartel en llamas
El hombre sentenciado hace cinco años por el Tribunal Oral Federal de Corrientes logró sortear los controles burocráticos de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Posadas, de la Federación de Bomberos de Misiones y de la Subsecretaría de Protección Civil dependiente del Ministerio de Gobierno y llegó a ser nombrado jefe del cuartel de Itaembé Miní.
Una serie de denuncias que recayeron sobre el cuartel de Posadas -ubicado en la avenida 131 del citado barrio- encendió la alarma y terminó con la entidad al borde de la intervención.
Por estos días, la Subsecretaría de Protección Civil investiga si los inventarios, actas y facturas entregados por la comisión directiva tienen respaldo en la realidad.
Los principales señalamientos se centran en la presunta desaparición de cinco de los seis móviles que el cuerpo bomberil declaró tener, ya que en el predio hay sólo uno, destinado a sofocar incendios forestales.
De acuerdo a una fuente que forma parte del escuadrón, “a pesar de recibir un subsidio de alrededor de 1.700.000 pesos por año por ser un cuartel de primera clase, en los siete que lleva de vida, en el de Itaembé Miní no se ha levantado el muro perimetral. De hecho, en el lugar hay estacionado un colectivo que funciona como albergue de los efectivos y depósito de materiales”.
Además, los citados móviles “siempre se encuentran en reparación y nunca al servicio de la comunidad”, según deslizó la misma fuente que prefirió resguardar su identidad. Agregó que se han hecho compras irregulares e innecesarias.
Fue así que el jefe Miguel Ángel Yuszczeczyn terminó siendo desplazado a poco de cumplir cuatro años al frente del cuartel y quedó en el ojo de la tormenta como el principal responsable por los desmanejos señalados. Actualmente, al bombero se le sigue un sumario interno desde hace unos 20 días.
Ante este panorama, ahora se espera que los técnicos de Protección Civil establezcan mediante una exhaustiva investigación cuáles fueron las irregularidades, si es que existieron, y quiénes son los responsables.
Se supo además que, de encontrarse anomalías en la rendición de los fondos y los recursos, el cuartel corre el riesgo de perder su financiamiento para este año y de ser intervenido con la finalidad de regularizar su funcionamiento.
Fuente: radioiguazu.com
