Entre Rios.- Tras el fallo del Superior Tribunal de Justicia, que rechazó el amparo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Paraná que intimó al gobierno para que cumpla la ley 8.105, que obliga al Estado a brindar a los servidores públicos la cobertura de una obra social, el jefe del Cuartel local, desde la fuerza advirtieron que los reclamos no van a cesar y que si no hay respuestas oficiales, “se realizará un sirenazo tan potente que el gobernador, Sergio Urribarri lo escuchará por más que no esté en la Casa de Gobierno”. Además, el jefe del Cuartel local, Jorge Vallejo, adelantó a AIM que irán a la Suprema Corte de la Nación.
Los Bomberos quieren hacerse escuchar.
Desde Bomberos Voluntarios de Paraná aclararon a AIM que “nosotros debemos seguir insistiendo por otra vía judicial, el diálogo o cualquier método no violento para lograr nuestro objetivo ya que la salud es un derecho adquirido por todos los ciudadanos que habitan el suelo argentino”. “Por lo tanto, es probable que se realice un nuevo sirenazo para hacernos escuchar”, señalaron.
Por su parte, ante el fallo del Superior Tribunal de Justicia, el jefe del Cuartel local, Jorge Vallejo, adelantó a AIM que irán a la Suprema Corte de la Nación.
Recordó que la Asociación de Bomberos Voluntarios de Paraná, que demandó al gobierno de Sergio Urribarri para que se cumpla una ley vigente desde 1987. El bombero explicó que “en nuestra última reunión con el ministro de Gobierno, Adán Bahl, cuando le dijimos qué haríamos, nos instó a que fuéramos a la justicia. Quizás el error fue nuestro, que creímos que la justicia es imparcial, pero este fallo nos demostró que no es independiente del poder de turno”, fustigó.
El servidor público se refirió a la ley de Manejo de Fuego, aprobada en 2009, que fija la creación de un fondo compuesto por el 1 por ciento del total de recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural y el 75 por ciento de dicho tributo del remanente no forestado de las propiedades con prestaciones implantadas.
Vallejo recordó que cuando se implementó la norma, el secretario de Medio Ambiente provincial, Fernando Raffo, afirmó que esa medida sería “muy importante” porque le asignaría “(a los bomberos) un presupuesto que nunca tuvieron, ya que siempre la provincia recibía un aporte nacional, generalmente destinado a la contratación de los brigadistas en la temporada de incendios. La creación de este fondo permitirá un fortalecimiento institucional, realizar tareas de control y prevención de incendios, contratación de personal y adquisición de equipos”.
Molesto por la dilación del gobierno y el fallo de la justicia que convalida el accionar del Estado, Vallejo denunció que “se desvían los fondos que estipula la ley, y en vez de asignarse para su fin, van a parar a Rentas Generales para pagar sueldos”.
Sin embargo, Vallejo redobló la apuesta y señaló que “si el gobierno –a través de la justicia- cree que con este fallo nos limitará, que sepa bien que lo único que hace es retardar la aplicación de una ley que dice claramente en su texto lo que el Estado debe hacer para cumplir con los Bomberos Voluntarios. Iremos a la Suprema Corte, y si ahí no tenemos respuestas, avanzaremos igual. No se trata de un capricho, se trata de cumplir la ley”.
Asimismo ratificó que el 19 de marzo, los Bomberos Voluntarios de Paraná recurrieron a la justicia, para exigir que el Estado otorgue un subsidio para los trabajadores que se jubilan de la fuerza con 25 años de servicio y que se garantice la obra social para el personal activo, como lo establece la ley provincial que regula al sector.
Ese día, el jefe del Cuartel paranaense explicó que “son sólo 15 los héroes entrerrianos pertenecientes al cuerpo activo de los Bomberos Voluntarios de Paraná que resultarían beneficiados al otorgarse el alta en el Iosper, de conformidad con el artículo 24 de la ley 8105, ya que el resto tiene cobertura social”.
El bombero hizo números y destacó que “al Estado provincial le saldría 1426,50 pesos, o sea 17.118 pesos anuales hacerse cargo de esa cobertura, mientras por la ley de Manejo del Fuego se recaudan 90.000.000 de pesos, lo que significa que lo que demandamos son chirolas”. Por eso pidió al gobierno “que deje de ocupar nuestra plata para pagar sueldos a quienes no trabajan”, y le reclamó “lo que nos pertenece; sólo queremos que se cumpla la ley”.
fuente: www.aimdigital.com.ar
