Entre Rios.- El Superior Tribunal provincial reforzó la postura del gobierno, que rechaza que el Iosper brinde cobertura a los integrantes del cuerpo de voluntarios. Llevarán su reclamo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los próximos 15 días.
El reclamo iniciado en octubre de 2013 por los bomberos voluntarios de toda la provincia, tuvo su resolución el viernes, a partir del fallo negativo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial. La demanda contra el gobierno se basó en el incumplimiento por parte de este de la Ley Nº 8.105, vigente desde 1987, la cual exige al Ejecutivo brindarles la cobertura de una obra social.
El jefe de Bomberos Voluntarios de Paraná, Jorge Vallejos, dijo que sabían que esto “iba a pasar, porque el Superior Tribunal responde al gobierno, estoy totalmente indignado”. El representante aclaró que llevarán su reclamo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en los próximos 15 días.
Afirmó que el pedido de la dotación local se realizó de manera independiente al de la Federación, porque algunos de sus compañeros “tienen miedo” de que les quiten las ayudas económicas de los cuarteles como represalia. Dejando de lado la demanda de aportes a la Caja de Jubilaciones, lo que se solicita ahora fue solo la cobertura del Iosper.
Vallejos considera que la negativa por parte del gobierno es un capricho, porque los trabajadores, que reclaman la cobertura de la obra social provincial “son solo doce, lo que equivale a un aporte anual de 1.426,50 pesos por cada uno”.
“Esto se explica en que algunos bomberos tienen otros empleos y ya cuentan con cobertura, pero hay otros que trabajan de remiseros, por ejemplo, que no poseen ninguna”, añadió Vallejos en declaraciones a diario Uno.
Desde la institución aseguran que los ingresos que se entregan mensualmente no son los que corresponden y exigen la redistribución del Fondo de Manejo de Fuego, contemplado en la Ley Nº 6.898.
Un año sin respuestas
En junio de 2013 los bomberos se reunían por primera vez con el ministro de Gobierno, Adán Bahl, y posteriormente, en octubre, se sumaron al diálogo las autoridades del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos, y la Caja de Jubilaciones para dar respuesta al pedido de los trabajadores de una pensión y la incorporación al sistema de prestaciones médicas de la provincia.
El presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos, Leandro Arribalzaga, decía: “Tenemos que tener en cuenta que el bombero voluntario activo es el alma de las demás instituciones de bomberos”, y remarcó la necesidad de darle un reconocimiento a esos trabajadores, que “pasan su vida poniendo en riesgo todo su ser” por los demás.
La Ley N° 8.105, que regula la actividad de los bomberos voluntarios en Entre Ríos, establece en su artículo 24 que los miembros de los cuerpos activos “tendrán derecho a afiliarse al Instituto de Obra Social de la Provincia (Iosper), beneficio extensivo a cónyuge y parientes hasta el primer grado. Los aportes correspondientes a los miembros de los cuerpos activos serán abonados por el gobierno provincial”.
Sin embargo la Provincia rechazó esa posibilidad, que ahora quedó reforzada a partir de un dictamen del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, que niega esa cobertura. En el Boletín Oficial, donde se publica el texto del Decreto Nº 263, del 7 de marzo, se aprobó un convenio de asistencia entre la Federación de Bomberos Voluntarios y el Ministerio de Gobierno, que contempla una serie de beneficios pero excluye la cobertura de la obra social.
La respuesta de Bahl fue que las solicitudes surgían a raíz de una ley que tiene más de 25 años de antigüedad, y que nunca se puso en vigencia. Su respuesta se fundamentó en que las provincias, tienen delegada al Congreso de la Nación lo atinente a la seguridad social.
No obstante, se buscó algún tipo de solución por medio de un convenio, sancionado en marzo, donde se les garantizó un seguro de vida, seguro médico, la cobertura de la póliza para los vehículos, el incremento de los aportes en litros de combustible y el 50% de lo recaudado por la ley de manejo de fuego.
Hace dos meses los Bomberos Voluntarios acudieron a la Justicia representados por el abogado Martín Navarro con un recurso de amparo, en el que se establecía el requerimiento de que se otorgue al cuerpo de 15 hombres, pues el resto del cuerpo posee cobertura de obra social, el beneficio de la cobertura de la obra social provincial, con aportes del Estado entrerriano. El recurso ingresó en el Juzgado de Ejecución de Penas y fue rechazado en abril, por lo que la causa llegó a la sala N° 1 de Procedimientos Constitucionales del STJ. El máximo tribunal confirmó la resolución de primera instancia, en una sentencia que firman los vocales Claudia Mizawak, Daniel Carubia y Emilio Castrillón.
Artículos sin aplicación
La Ley provincial Nº 8.105, que regula la actividad de Bomberos Voluntarios, deja en claro desde su primer artículo que las asociaciones de Bomberos Voluntarios, son instituciones civiles sin fines de lucro cuya misión es prestar un servicio público gratuito. Allí también se establece que los trabajadores quedarán exentos de pagos de todo impuesto o contribución provincial. En los artículos 23 y 24, reclamados por bomberos, se deja en claro la posibilidad de afiliarse al Iosper al igual que recibir los aportes del Ejecutivo correspondientes a la Caja de Jubilaciones.
Desde la Unión Personal Civil de la Nación, afirman que la razón por la cual nunca se cumplieron esos puntos es que nunca terminó de reglamentarse: “Esta ley es un mero enunciado en el que el Estado se comprometió a dar a un sector obra social y jubilación, pero faltó decir cómo hacerlo”, señaló el titular, José Allende. Con esto se refiere a que el Estado nunca previó de dónde se obtendrían los recursos.
En ese sentido, los bomberos voluntarios solicitaron que se revea la Ley Nº 9.868, donde se fija la creación del Fondo de Manejo del Fuego. A este proviene un porcentaje de lo recaudado en multas por incumplimiento, como del Impuesto Inmobiliario Rural, entre otros. El dinero debe ser administrado, según dice, por una comisión provincial y las comisiones administradoras departamentales, las cuales estarán integradas por distintos representantes entre los que se encuentran bomberos zapadores y voluntarios.
Jorge Vallejos asegura que esto no se cumple, y que el dinero solo se destina a gastos corrientes de la Provincia. Desde allí, deberían depositárselo a las autoridades de aplicación, pero afirmó que esto no sucede. Según explica el bombero, la plata debe destinarse, entre otras instituciones, a las distintas dotaciones para el mantenimiento y compra de las unidades, es por eso que exigen que se saque de allí el aporte necesario para la cobertura médica de los trabajadores.
fuente: www.elonce.com/
