A través del tribunal de Justicia, la directiva del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP–Amarillo) sancionó con suspensión y baja a tres nuevos combatientes, quienes se habían animado a pedir transparencia en la administración de la entidad.
Mediante la Resolución Nº 118 de este año, el Tribunal de Justicia del CBVP-Amarillo, que responde directamente a los miembros del Directorio, decidió dar de baja con prescripción al voluntario combatiente Gabriel Enrique Sauma, por un período de 24 meses.
En el artículo 2 de la Resolución se lee la suspensión por 365 días del voluntario Diego Fernando Ortiz Pineda, mientras que el último bombero suspendido es Rodrigo David Rojas Berino, quien al igual que Sauma fue sancionado con la baja con prescripción por 24 meses.
Según lo que reza el documento, los tres incumplieron lo que establece el reglamento general vigente del CBVP, incurriendo en «faltas graves», por lo que las sanciones son de «estricto cumplimiento», de acuerdo con lo que expresa la resolución de marras.
Esta medida se suma a otras 10 suspensiones y bajas que el Tribunal de Justicia del CBVP-Amarillo ordenó realizar contra voluntarios, en el marco de un sumario abierto contra 39 bomberos, supuestamente, por hacer «actos de vandalismo contra la institución» durante una manifestación contra el Directorio el pasado 20 de setiembre.
En aquella ocasión, unos 50 bomberos de distintas compañías se manifestaron frente al Cuartel General en Villa Morra, tras las publicaciones de La Nación sobre las irregularidades financieras del Directorio.
La primera medida del Tribunal, en enero pasado, fue expulsar con grado de «degradación» a los siguientes bomberos: Capitán Mayor Emigdio Benítez, Capitán Mayor César Manuel Manchini, Gustavo Humberto Céspedes, Carlos Daniel Lezcano y Capitán Mayor Cristhian Fernando Tabares Ocampos.
Igualmente, el Tribunal dio baja con prescripción por 24 meses a otros cinco voluntarios: Diego Arnaldo Vivero Irazusta, Guido Marcelo López, Jimmy Enhart, Rodrigo David Rojas y José Virgilio Rivas.
Participantes de la Asamblea
El 15 de octubre del 2016, el presidente de los bomberos, Rafael Valdez, encabezó una asamblea extraordinaria que fue convocada supuestamente para aclarar todas las denuncias que hasta ese entonces se dieron a conocer contra el Directorio y el manejo administrativo.
Unos 400 bomberos estuvieron presentes en dicho acto asambleario, que se realizó en el local de la Primera Compañía, en el km 5 (detrás del Multiplaza) en Asunción. La convocatoria se hizo para tratar un solo tema, la «gestión del directorio», pero terminó sin ningún tipo de aclaraciones por parte de los miembros del directorio.
Varios bomberos aprovecharon esa oportunidad para pedir cuentas claras en forma pública ante las publicaciones periodísticas; entre quienes reclamaron apareció Gabriel Sauma, quien en ese entonces era el subdirector de la Academia Nacional de Bomberos, una semana después, le notificaron que dejaba de ser subdirector de dicha Academia, y hoy, es dado de baja. Igualmente, tras aquella Asamblea, el directorio abrió sumario contra 39 bomberos voluntarios.
Otras renuncias
Mientras el Directorio continúa con su «caza de brujas» contra los bomberos voluntarios, hay combatientes que ya no soportan la situación y deciden dar un paso al costado.
Este ese el caso del bombero Ricardo Romero, primer oficial de la Unidad de Materiales Peligrosos, que presentó su renuncia ante el Directorio con un duro mensaje. «La renuncia obedece a innumerables situaciones irregulares que afectan a la institución, como la falta de transparencia, de explicaciones de las personas imputadas y más aún la expulsión de varios compañeros por haber exigido transparencia», expresa.
Añade además que la Unidad de Materiales Peligrosos nunca recibió apoyo del Directorio, y que se evidencia una falta total de políticas institucionales para enfrentar situaciones con materiales peligrosos, lo que genera una exposición innecesaria de varios bomberos que arriesgan sus vidas. Por último, asegura que no existen capacitaciones para los voluntarios que trabajan en su área.
En las últimas semanas se fueron sumando otros bomberos que deciden renunciar a sus cargos.
A SEIS MESES DE LAS IMPUTACIONES
El 26 de marzo se cumplieron seis meses desde que la Fiscalía imputó a los miembros del Directorio del CBVP-Amarillo por presunta estafa y utilización de documentos no auténticos. La imputación estuvo a cargo del fiscal Ángel Ramírez.
Los imputados son Rafael Valdez, presidente; Miguel Ángel Riera, vicepresidente, y los demás miembros; Carlos Alberto Torres, Daniel Aquino Rivas, Elías Ramírez Flores, Luciano Florenciáñez Brizuela, Mario Luis Gini, Rolando Valdez, Roberto Bogado Jara (ex miembro), Óscar Tadeo Acuña Castillo y Alberto Meza Zárate.
LAS DENUNCIAS
El 19 de setiembre del 2016 apareció la primera publicación en La Nación sobre un posible hecho de corrupción que involucraba al Directorio de los bomberos amarillos, una situación totalmente atípica para una institución respetada a nivel nacional.
La publicación mencionaba la compra de equipos «fantasma» que hizo en el 2015 el directorio por valor de G. 967 millones de la empresa Circumpunto SRL, que pertenece a Daniel Aquino Rivas, comandante de los bomberos y miembro del directorio. Entre los equipos que aparecen como adquiridos están unos 1.000 cascos «F1» de la marca MLS. Sin embargo, ninguna de las 74 compañías recibió estos aparatos.
A partir de este caso fueron saltando otros casos, de diferentes aristas, pero que tenían siempre al directorio del CBVP-Amarillo como epicentro de las denuncias.
fuente: ww.lanacion.com.py
