La fiscala Juliana Giménez imputó este lunes a los dueños del silo de arroz de Minga Guazú donde, en abril pasado, murieron asfixiados tres bomberos voluntarios y otro resultó con serias lesiones.
El proceso penal es por exposición de personas a lugares peligrosos de trabajo. El silo funcionaba sin aprobación de planos y planillas, ni planes de prevención de incendios, por parte de la Municipalidad local.
Los procesados son Javier María Challiol, de 41 años, y Lucrecia Soledad Challiol, de 32 años; ambos de nacionalidad argentina.
Como se recordará, la tragedia ocurrió el 18 de abril, a las 10:00 aproximadamente, en el interior de la planta industrial de secado de granos de arroz, ubicada al costado de la Ruta 6 “Dr. Juan León Mallorquín”, a la altura del kilómetro 30.
En aquella luctuosa jornada fallecieron Saturnino González Ortega (47), Rolando Ariel Aguilera Cristaldo (17) y Arnaldo Gabriel Riveros Valiente (18). Mientras, el padre de este último, el abogado Ciriaco Riveros León (47), resultó con múltiples lesiones y debió permanecer un buen tiempo hospitalizado.
Los socorristas fueron advertidos sobre el siniestro y acudieron al lugar para sofocar un incendio.
Según declararon los testigos, los bomberos combatían el fuego desde la parte superior del secadero, hasta que en un momento dado Rolando Ariel resbaló y cayó al silo que albergaba 27.000 kilos de granos de arroz.
Inmediatamente, sus compañeros Arnaldo Riveros y Saturnino González bajaron con la intención de rescatarlo, pero todos murieron por “asfixia por hipoxia”, según el diagnóstico del forense del Ministerio Público.
En el marco de la investigación, la Fiscalía realizó varias diligencias para el esclarecimiento del hecho y pudo determinar que los planos y planillas del silo no estaban habilitados por la Municipalidad local.
El Ministerio Público, igualmente pudo comprobar que los propietarios de la planta industrial no cumplían con las disposiciones legales sobre la seguridad y prevención de accidentes en lugares de trabajo.
A raíz de esta situación, la fiscal Juliana Portillo dispuso el procesamiento de los responsables de la secadora.
Fuente y foto: www.cronica.com.py
